Las posibles consecuencias pedagógicas del famoso pin parental

Vigente desde septiembre de 2019 en la Región de Murcia, el pin parental protagoniza una de las principales polémicas actuales dentro del sector educativo. Ante su posible puesta en marcha en Andalucía y la Comunidad de Madrid, muchos padres, alumnos y asociaciones empiezan a levantar la voz para impedirlo. Pero, ¿en qué consiste exactamente y cómo puede afectar su implantación generalizada al escenario académico?

¿En qué derechos legales se apoya y a qué tipo de actividades se opone?

La medida impulsada por VOX afecta a cualquier iniciativa de los centros que esté relacionada con la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI. Según su planteamiento, antes de llevarse a cabo, se debe informar a los padres para que den su visto bueno a la asistencia de sus hijos a las mismas.

El texto de esa autorización rechaza la formación dentro de “asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género”, así como a “una educación afectivo sexual que incumple flagrantemente”, según sus valedores, “el artículo 27.3 de la Constitución Española”. Más adelante, en el documento también se hace referencia a aquellos temas que afecten “a cuestiones morales socialmente controvertidas” o traten sobre “la sexualidad y puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los niños.

Lo que nuestra carta magna establece realmente en el apartado aludido es que los poderes públicos han de garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Religión y moral, en cambio, parecen ámbitos ajenos a las enseñanzas que se cuestionan, más relacionadas con el civismo y el comportamiento social del individuo.

¿Cómo puede influir el pin parental en el sistema educativo según los expertos?

La idea de quienes se oponen a estas acciones formativas es suplirlas con las consignas que cada progenitor considere oportunas. El profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Miquel Castillo Carbonell, muestra su desacuerdo con dicha reflexión, alegando que el entorno escolar “permite dinámicas más flexibles, abiertas y críticas. La familia, si marca una línea muy clara, puede adoctrinar, pero la escuela es más difícil por la pluralidad de docentes y compañeros”.

A José Ramón Ubieto, integrante del mismo departamento de la UOC, le parece obvia la necesidad de enseñar en los centros “todo aquello que permita a los niños conocer el mundo complejo y diverso en el que viven”. Para él, aprender a “ver las cosas de una forma distinta a como se presentan en casa no tiene por qué ser contradictorio”, sino que puede ampliar los horizontes de una persona. Sobre todo si se trata de principios básicos recogidos en los derechos humanos y tienen que ver con aspectos como el respeto a la diferencia o el derecho a la vida y a la intimidad.

El rechazo de ambos hacia el pin parental viene justificado por una serie de posibles consecuencias perjudiciales para el entorno académico. Al hilo de su testimonio y del de otros profesionales de la educación, podría afectar:

1. Socavando la autoridad del profesorado

Ubieto considera que “el mensaje que se envía a los alumnos es que no todo lo que el maestro dice es creíble y él también puede producir fakes. Eso, desde un punto de vista pedagógico, es lo más grave porque aumenta la desconfianza hacia los docentes”.

2. Dividiendo los itinerarios formativos

También supondría un problema la creación de dos ritmos diferentes en la evolución educativa de los niños. “Una parte de ellos no participaría de determinadas experiencias, ideas, charlas o maneras de ver el mundo, mientras que otros sí, y eso les daría a estos últimos más capacidad crítica e información”, alerta Castillo Carbonell.

3. Enfrentando al alumnado

De forma paralela, se muestra preocupado por el peligro de dividir a los estudiantes en bandos, algo que advierte que “ya se está dando en las escuelas y aumentaría si un grupo de padres restringiera los contenidos”, lo que daría a entender que “esas ideas son malas o negativas”.

4. Impidiendo una formación de opinión independiente

Otra de las consecuencias afectaría a la adquisición de un punto de vista personal por parte de aquellos cuyos padres se acogieran al pin parental. Castillo Carbonell pone en relación el bloqueo de determinados conocimientos con el impedimento de que una persona crezca y, con el paso del tiempo, dé forma a su propia opinión.

5. Dificultando la prevención y detección de conductas violentas

Durante una entrevista reciente sobre los casos de abusos sexual en menores, la psicóloga y fundadora de ASPASI Margarita García Marqués nos habló de la importancia de la prevención y la detección precoz de dichos comportamientos. Una recomendación que entraría en conflicto con los que rechazan las acciones formativas sobre sexualidad pero que para ella, desde sus décadas de experiencia como terapeuta infantil, es clave si queremos anticiparnos al problema.

García Marqués se muestra convencida de que estas acciones divulgativas deberían llevarse a cabo con más frecuencia y desde etapas más tempranas. “Si enseñáramos a los niños, desde los 3 o 4 años, a respetar su cuerpo, a reconocerse, a validarse, a poner límites, a decir que no y a que sean conscientes de sus derechos, probablemente, cuando lleguen a los 14, van a ser capaces de hacerlo. Si, desde pequeños, van aprendiendo también a respetar los límites del otro, es muy probable que no se conviertan en abusadores o agresores”.

Unas declaraciones en sintonía con las de Héctor Galván, director clínico del Instituto Madrid de Sexología, que recalcaba en una entrevista para El Mundo “la importancia de introducir la educación sexual en el currículo escolar. Así, los menores podrían expresarse con más libertad y esto permitiría localizar y evitar el acoso escolar y los abusos sexuales”.

6. Dejando en un segundo plano los verdaderos desafíos del sistema educativo actual

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid admite haber recibido, hasta el momento, una sola queja relativa a esta cuestión. Con más de un millón de alumnos matriculados en la región, no es una cifra que sitúe a estos polémicos contenidos entre las preocupaciones reales de las familias. Ubieto recomienda, en su lugar, dirigir los esfuerzos y recursos hacia otras direcciones. “Los verdaderos problemas de la educación pública son la falta de inversión, el declive de la autoridad del maestro, el uso de las nuevas tecnologías y las desigualdades sociales que se reproducen en el aula”.

Desde luego, sería la solución deseada por casi todos. Pero para ello, como recuerda el profesor Castillo Carbonell, haría falta “un consenso claro en políticas educativas para que no dependan de si gobiernan unos u otros”. Y eso, hoy más que nunca, se antoja extremadamente improbable.